Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo vela por la seguridad de los trabajadores en salud de los establecimientos médicos de El Alto y solicita al Estado, mediante el Ministerio de Salud, otorgar garantías a su integridad personal ante los ataques que sufrieron por parte de vecinos de esa ciudad.

La Defensoría del Pueblo pidió al Comando General de la Policía Boliviana inicie una investigación,  sería e imparcial, y se someta a un proceso interno al efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), para establecer las sanciones que corresponden por incurrir en una agresión sexual contra una mujer al momento de arrestarla, el pasado viernes, en inmediaciones de la zona de Senkata en El Alto.

La Defensoría del Pueblo advierte que la salud y la vida del  personal médico y de toda la población del departamento del Beni, se encuentran en riesgo como resultado de las deficiencias que enfrentan los establecimientos de salud en cuanto a falta de medidas de bioseguridad, insuficiente personal en salud, falta de reactivos e insumos para realizar pruebas de COVID-19, y falta de acceso a información veraz y oportuna.

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, en conmemoración del 1ro de Mayo como el Día del Trabajo, manifiesta su más profundo reconocimiento y homenaje a las trabajadoras y trabajadores de Bolivia, que se constituyen en el pilar fundamental del desarrollo de nuestro país y de  la reivindicación de los derechos laborales y sindicales.

El Decreto Presidencial 4213 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, modificado por el 4221, para favorecer a personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, fueron observados por la Defensoría del Pueblo que advierte que éstos establecen un procedimiento dilatorio y burocrático en los trámites que impediría que esta población pueda acceder a esos beneficios.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.

La Defensoría del Pueblo plantea fortalecer y ampliar los servicios de atención y protección a niñas, niños y adolescentes que posibiliten la denuncia, a través de mecanismos alternativos e innovativos como campañas informativas en redes sociales, centros de abasto, entidades financieras, centros de salud y farmacias, para prevenir el alarmante incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en este periodo de cuarentena por el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno encarar, a la brevedad posible, el proceso de retorno a la actividad educativa, con la participación plena y efectiva de docentes, padres y madres de familia, y estudiantes, que tome en cuenta la diversificación de estrategias y medios educativos a distancia y garantice la equidad digital para maestros y el alumnado

La Defensoría del Pueblo, demandó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asumir medidas necesarias y pertinentes para garantizar la estabilidad laboral y el pago de salario de trabajadoras del hogar, correspondiente a marzo y abril, quienes durante este periodo de cuarentena han visto sus derechos laborales vulnerados; asimismo, atender de forma oportuna las denuncias presentadas por este sector.