Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo, este 10 de mayo, cuando se conmemora el Día del Periodista Boliviano,   expresa respeto y admiración por el trabajo que desarrollan las y los trabajadores de la prensa, quienes se encuentran en primera línea en las coberturas noticiosas en este contexto tan adverso por el COVID-19, situación que incrementa los riesgos a su seguridad en todas sus dimensiones.

La Defensoría del Pueblo considera que las circulares de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), respecto al pago de los diferimientos de los créditos bancarios y referidos a los clientes del mercado de seguros, favorecen a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y restringen los derechos de los usuarios financieros.

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo, formalmente, pidió al Gobierno brinde asistencia jurídica y administrativa para tres ciudadanos bolivianos con discapacidad auditiva que fueron detenidos en Brasil, aparentemente, por vulnerar las restricciones de salud producto de su condición.

La Defensoría del Pueblo pidió a la Asamblea Regional del Gran Chaco suspender, a la brevedad  posible, al asambleísta Julio César Ferreira, acusado de la violación y abuso sexual de tres niñas y un niño, para garantizar el desarrollo del proceso penal en su contra sin injerencia política o pública de por medio. 

 La Defensoría del Pueblo demandó al Estado boliviano a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 23 de abril pasado urgió a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas adultas mayores ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19; y solicitó la aplicación de medidas especiales para este grupo vulnerable de la sociedad a fin de evitar que sean expuestos a posibles contagios.

La Defensoría del Pueblo alertó que la salud y la vida de los policías y  militares encargados del control en el cumplimiento de la cuarentena, están en peligro y corren el riesgo de convertirse en transmisores del COVID-19 si el Estado no garantiza medidas especiales para identificar casos de coronavirus y evitar el contagio, como la realización de pruebas rápidas a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y a sus familias.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido a que hasta el momento incumplieron lo dispuesto en la Resolución 012/2020, de 9 de abril de 2020, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Órgano Ejecutivo garantizar el traslado de las personas varadas en otra región del país hacia su lugar de origen.