Oficina - Cochabamba

La Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, condena la negligencia e irresponsabilidad del Gobierno central al no poder manejar adecuadamente la pandemia en el departamento, y pide urgentemente a las autoridades departamentales y municipales una programación responsable para salir de la cuarentena en Cochabamba.

La Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, la primera semana de abril, después de evidenciar que los trabajadores encargados del recojo de la basura estarían realizando su labor sin el equipo adecuado de bioseguridad correspondiente, registró de oficio una denuncia en contra de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA). Hoy el panorama es diferente, puesto que EMSA asumió la determinación de implementar fuertes medidas de bioseguridad para todo su personal, desarrollando tareas de fumigación de sus instalaciones, de los carros basureros, de la basura y de los mercados de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió la denuncia de un despido ilegal y discriminatorio de una trabajadora dependiente de Cancillería de Bolivia en Estados Unidos, debido a que era portadora del coronavirus del COVID-19.

Al finalizar este sábado, la Delegación Defensorial Departamental Cochabamba ante el conocimiento de intento de linchamiento de dos presuntos delincuentes que habrían efectuado robos en la zona de Ushpa Ushpa, al sur de la ciudad, gestionó con la Policía Boliviana mediar en este conflicto.

Ante los reclamos de la población cochabambina con relación a la desinformación respecto a los requisitos para el pago de los bonos y ante el pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con relación a la cancelación de los diferimientos de los créditos bancarios, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, continúa realizando verificaciones defensoriales en las diferentes Entidades de Intermediación Financieras (EIF) a fin de precautelar la salud y la adecuada atención en el pago de los bonos dispuestos por el Gobierno central y la reprogramación de pago de créditos.

Hoy en audiencia de medidas cautelares, el Juez Anticorrupción, Richard Rodríguez, determinó detención domiciliaria para José María Leyes, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, así como arraigo y fianza de 150 mil bolivianos, disponiendo la libertad de los otros tres imputados por una presunta adjudicación irregular de alimentos para policías y militares durante la emergencia sanitaria de la Covid-19.