Oficina - Cochabamba

Cochabamba, 21 de agosto de 2025 (UCOM/DDDC). - La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, tomó conocimiento de la situación de violencia sexual que sufrió una adolescente por parte de su progenitor, en el municipio de Morochata; producto del hecho quedó embarazada, el agresor fue acusado de infanticidio del neonato.

Cochabamba, 4 de agosto de 2025 (UCOM/DDDC).- La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, solicitó información a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba y al Director del Recinto Penitenciario de El Abra sobre las causas del fallecimiento de un privado de libertad, el pasado 2 de agosto. 

Cochabamba 23 de julio de 2025 (UCOM/DDDC).- La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Departamental de Cochabamba, abrió una investigación defensorial sobre una presunta violencia sexual por parte de un efectivo militar a una estudiante, al interior de una unidad militar, el pasado fin de semana.

Cochabamba 9 de junio de 2025 (UCOM - DPB).- Comunarios de Caluyo Chico (Cochabamba) impidieron el ingreso de una comisión humanitaria a la comunidad de Colomi para auxiliar a las personas varadas desde hace una semana, informó la Delegada Defensorial Departamental de Cochabamba, Marioly Álvarez. 

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio de Shinahota, departamento de Cochabamba, con evidentes signos de violencia, presumiéndose que ambas personas fueron linchadas tras ser acusadas del robo de vehículos.

Cochabamba 24 de junio de 2025 (UCOM/DDDC).- La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, junto a Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y sectores productivos, comerciales y de servicio, representantes de la Gobernación, municipios, comités cívicos, entre otras instituciones cochabambinas firmaron un Pronunciamiento conjunto que exigiendo al Estado el cumplimiento del principio de legalidad y el resguardo de los derechos fundamentales en hechos de protesta social.