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En cumplimiento de la Ley N° 243 Contra
el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, la Delegación Defensorial
Departamental de La Paz socializó el Informe Defensorial “Sin nosotras, no hay
democracia”, ante autoridades de las alcaldías de
Mecapaca, Ixiamas, Huarina, Viacha y La Paz, así como por representantes de la
Gobernación paceña.
La Delegación Defensorial Departamental de La Paz realizó un
recorrido por los hospitales municipales de La Portada, Cotahuma y el Tórax
para verificar las condiciones para la atención a los pacientes
COVID-19 y sobre todo hacer un seguimiento de la disponibilidad de las Unidades
de Terapia Intensiva (UTI). Además, personal de esta oficina defensorial visitó
dos puntos de vacunación masiva instalados por la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), uno en el monoblock y el otro en la Facultad de Medicina.
La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público a
investigar las circunstancias en las que una bebé de siete meses resultó con
serias quemaduras en el brazo izquierdo, provocadas por enfermeras del área de
Pediatría del Hospital Materno Infantil.
Por invitación de la
Asociación de Adultas y Adultos Mayores “Takenitaki”, personal de la Delegación
Defensorial Departamental de La Paz socializó entre los miembros de esta
entidad la propuesta de Ley Municipal de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores y, además, expuso los aspectos generales de los derechos humanos y la
Ley 369.
La Delegación Defensorial
Departamental visitó el Hospital de la Mujer y los hospitales municipales La
Merced, La Paz y Los Pinos con el objetivo de hacer el seguimiento a las
determinaciones establecidas en el informe defensorial “Situación de la
Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres”.
La
Delegación Defensorial Departamental de La Paz, en coordinación con el
Viceministerio de Defensa del Consumidor, gestionó la entrega del cuerpo de una
persona fallecida por COVID-19 en el Hospital Metodista. La familia de la
fallecida denunció que este nosocomio no entregaba el cuerpo debido a la falta
de cancelación de una deuda de más de 150 mil bolivianos.
