Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reiteró que en los centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores persiste la falta de medidas de prevención y de atención frente a la COVID-19, lo que implica una vulneración de derechos de este grupo poblacional.

La Defensoría del Pueblo alertó del despido de más de medio centenar de profesionales de régimen penitenciario y calificó de desacertada esta medida asumida por el Ministerio de Gobierno, porque entre ellos existe personal del área salud, lo cual va en desmedro, particularmente, de la salud, integridad y vida de las personas privadas de salud, sin considerar la situación crítica que se atraviesa por la pandemia. 

La Defensoría del Pueblo pidió que, en cumplimiento de lo que disponen los estándares internacionales de protección de animales, el zorro Antonio no sea tratado como un objeto de propiedad, sino reconocer que él es sujeto de derecho y protección jurídica y debe ser tratado con respeto y solidaridad, por lo que considera que debe ser devuelto a la familia que lo rescató y domesticó.

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo constató que alrededor de 40 personas de nacionalidad boliviana y dos de ellas colombianas, entre ellas niñas, niños y personas adultas mayores, que llegaron desde Brasil hasta la población fronteriza de Arroyo Concepción, se encuentran en situación de abandono desde el 12 junio, tras ser retenidas por la Armada Boliviana y de la Jefatura Regional de Migración para cumplir una cuarentena porque no habrían cumplido  los protocolos de bioseguridad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó que el Ministerio de Educación deslinda responsabilidad sobre las políticas y estrategias educativas con el Decreto Supremo 4260, que regula las modalidades educativas presencial, a distancia, virtual y semipresencial.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

La Defensoría del Pueblo deplora y rechaza la falta de ética y responsabilidad en la que incurrió el programa televisivo No Mentirás, que anoche transmitió en vivo el fallecimiento de una persona con COVID-19, imágenes que vulneran los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, y transgreden la inviolabilidad de la dignidad, todos protegidos por la Constitución Política del Estado.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que una eventual clausura de las radios comunitarias sería un acto ilegal y que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de que habría que clausurarlas, se convierten en un amedrentamiento directo en contra de ellas.