Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo denuncia que el Gobierno Nacional, a través de instancias del Ministerio de Gobierno, aplicó procedimientos equivocados y un uso excesivo de la fuerza policial para impedir la permanencia en territorio boliviano del diputado argentino Federico Fagioli, quien llegó al país para hacer seguimiento al proceso electoral del domingo 18 de octubre.

La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores ordenar al personal del Consulado de Bolivia en Santiago de Chile,  que establezca un trabajo conjunto, coordinado y complementado con entidades chilenas que coadyuvan en la repatriación de las y los bolivianos que se encuentran varados en ese país, a fin de viabilizar el retorno de la totalidad de estas personas.

La Defensoría del Pueblo constató que alrededor de 40 personas de nacionalidad boliviana y dos de ellas colombianas, entre ellas niñas, niños y personas adultas mayores, que llegaron desde Brasil hasta la población fronteriza de Arroyo Concepción, se encuentran en situación de abandono desde el 12 junio, tras ser retenidas por la Armada Boliviana y de la Jefatura Regional de Migración para cumplir una cuarentena porque no habrían cumplido  los protocolos de bioseguridad.

La Defensoría del Pueblo posibilitó, tras varias gestiones, que C. Quispe,  este lunes, retorne desde El Alto hasta el municipio de Yacuiba, en Tarija, donde la esperaban sus hijos de 14, 12 y 9 años, quienes se encontraban al cuidado de otros familiares tras el fallecimiento del padre el 16 de mayo pasado, afectado por una neumonía digestiva.

En el marco del D.S. 4222 de 20 de abril de 2020, que establece el procedimiento para el traslado de las y los bolivianos que se encuentran varados en municipios distintos a los de su residencia habitual, la Defensoría del Pueblo comunica:

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

Las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 podrán retornar a sus hogares, por razones de urgencia y pertinencia, según dispuso un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a una acción de libertad presentada por la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo luego de evidenciar que los bolivianos que ingresaron a Pisiga por la frontera con Chile se encuentran en condiciones difíciles, situación que pone en cuestión la vigencia de sus derechos humanos, y ante la disconformidad de los afectados, pide a las gobernaciones departamentales considerar el traslado de las personas que tienen como destino final esos departamentos. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que disponga el uso de inmuebles para albergar a los bolivianos que se encuentran en los nueve departamentos del país, así como los del exterior, como quienes se hallan varados en Huara, Chile, como efecto de las disposiciones gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.