Contaminación minera en Viacha: Defensoría del Pueblo activó acción popular en defensa del derecho a la salud de la población
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uego de constatar una “debilidad institucional” en la gestión del conflicto por la contaminación de recursos hídricos en Viacha, la Defensoría del Pueblo activó una acción constitucional contra diferentes instancias del Estado, en resguardo de los derechos fundamentales de la población de este municipio. “Tras múltiples gestiones y seguimientos a las denuncias de contaminación del agua con cianuro, que no obtuvieron respuestas efectivas de las instancias competentes, desde la Defensoría del Pueblo, en ejercicio del mandato constitucional establecido en el Art. 222 de la CPE, presentamos una Acción Popular”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya a través de su cuenta en X (Twitter). Callisaya explicó que la acción busca que la justicia constitucional “ordene a las autoridades responsables de desplegar acciones coordinadas de control y fiscalización sobre las actividades mineras en el municipio, para garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano y equilibrado, así como la protección integral de los derechos de la Madre Tierra”.
E
l Defensor del Pueblo, evidenció la importancia de tener presente la complejidad de los actores institucionales que están involucrados en la actividad minera. “La funcionalidad misma, que nos han descrito nuestros invitados va desde el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno central a través de diferentes instancias, quienes cuentan con diferentes herramientas, como el manifiesto ambiental, las licencias de operación, y otras actuaciones, las cuales están orientadas a que esta actividad pueda ser regulada”, apuntó. Para Callisaya, “la debilidad institucional en el cumplimiento de sus funciones por parte de estas instancias no ha logrado generar una supervisión real”, por eso, la institución a su cargo, impulsó articular el Comité Interinstitucional existente, donde todas las instancias competentes han desarrollado diferentes reuniones con la finalidad de que éstas puedan asumir sus competencias. “Pese a toda esta situación no se han podido lograr algunos resultados esperados conforme a lo panificado en el plan de acción y que esto ha generado a su vez diferentes conflictos socio ambientales con las recurrencias que hoy conocemos”, lamentó la autoridad defensorial.
Insta al cumplimiento de la Resolución del Tribunal Agroambiental
Defensoría del Pueblo denuncia ineficiencia estatal en el control del incendio del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
A través de un Pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo reiteró su denuncia sobre la ineficiencia estatal en el control del incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, asimismo, cuestionó el retiro de equipos en medio de la continuidad del fuego, e instó al “cumplimiento estricto de la decisión del Tribunal Agroambiental del 8 de septiembre de 2025”, que conminó a las autoridades reticentes a acatar, en un plazo improrrogable de 48 horas, las medidas cautelares establecidas en la Resolución SP-TAA 02/2025-AA. El documento, publicado el pasado viernes 19, señala que desde el 14 de agosto de 2025 la Defensoría del Pueblo “ha venido alertando la necesidad de atender con urgencia el incendio que se inició el 5 de agosto en la meseta de Caparuch, reportado inicialmente por la plataforma Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) y el Centro Nacional de Monitoreo de Incendios Forestales, y confirmado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)”.
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in embargo, y hasta la fecha, “han transcurrido 44 días sin que el fuego haya sido extinguido o liquidado, persistiendo aún en el sector sureste del parque, cercano a la frontera con la República Federativa del Brasil”, evidencia el Pronunciamiento. “Durante el desarrollo del incendio, la Defensoría del Pueblo ha requerido informes y demandado atención oportuna y efectiva mediante pronunciamientos emitidos en fechas 25 de julio, 1, 14 y 25 de agosto, así como el 10 de septiembre de 2025, en los que se exhortó a las autoridades competentes a asumir una respuesta inmediata frente al fuego que afecta al Parque Nacional Noel Kempff Mercado”, refiere el documento defensorial. Ante todos estos antecedentes, el pronunciamiento defensorial “exige la adopción inmediata de acciones efectivas que garanticen la extinción y liquidación del incendio, el cual ha devastado nuevamente al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en un área distinta a la afectada en 2024. Esta situación confirma la repetición del daño en un territorio que, además de su valor ecológico, es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad”.
Con ocho acciones enmarcadas en el litigio estratégico, Defensoría del Pueblo encara defensa del medioambiente y los derechos de la madre tierra
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n el marco del compromiso con la protección de la Madre Tierra y los derechos colectivos, la Defensoría del Pueblo impulsó la promoción de acciones jurídicas estratégicas que han marcado hitos en la defensa del medioambiente y la Madre Tierra en Bolivia. En este sentido, la institución activó diversos mecanismos constitucionales y jurisdiccionales que han permitido garantizar la preservación de ecosistemas, la protección de comunidades indígenas y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. “Estas decisiones judiciales demuestran que la defensa del medioambiente y de la Madre Tierra no es un discurso, sino una acción concreta. El litigio estratégico es hoy una herramienta para transformar realidades y garantizar que las generaciones futuras puedan vivir en un país sostenible”, afirmó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. Entre estas acciones enmarcadas en el litigio estratégico están: 1. Acción Popular Río Beni (julio 2023): El Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela y dejó sin efecto una autorización minera que no respetó la consulta previa, libre e informada al Pueblo Mosetén. Por primera vez en la jurisprudencia ambiental se reconoció a un componente de la Madre Tierra no humano, al Río Beni como sujeto de derechos, marcando un precedente histórico. 2. Acción Popular Calidad del Agua para Consumo Humano en La Paz (octubre 2023): Se ordenó a EPSAS de certeza a través de informes periódicos sobre la calidad del agua para consumo de la población de la ciudad de La Paz. 3. Medida cautelar sobre 19 contratos mineros (julio 2024): Se suspendió el tratamiento legislativo de contratos mineros hasta cumplir con la normativa ambiental vigente y obligaciones de consulta previa, libre e informada. 4. Acción de amparo a favor del Guardaparque Marcos Uzquiano (enero 2025): Se dejó sin efecto el despido, se ordenó su reincorporación y se dispuso medidas para de protección frente al hostigamiento, sentando un precedente en la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 5. Defensoría del Pueblo como Amicus curiae (2025). La Defensoría del Pueblo de Bolivia, participó como amigos de la corte (Amicus curiae) en una Acción Ambiental directa de medidas cautelares para proteger al jaguar y su hábitat, resultando en un fallo histórico del Tribunal Agroambiental que incluye la protección y conservación del Jaguar, la ratificación de la "pausa ecológica ambiental", protección de defensores ambientales. Asimismo, la institución defensorial participó en las Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias sobre los incendios forestales (septiembre 2025), como terceros interesados donde coadyuvó en lograr medidas cautelares del Tribunal Agroambiental que conminan al cumplimiento inmediato a las autoridades reticentes con relación a los incendios en un plazo de 48 horas, de igual manera instruye a los jueces agroambientales en la Chiquitanía, AmazonIa y Chaco la activación de su competencia ambiental cautelar de oficio para garantizar las medidas de mitigación y se dispone la protección a las defensoras ambientales. 6. Acción Popular por los daños de los incendios forestales (octubre 2024) Se establecieron obligaciones de ajuste y desarrollo de Políticas de Prevención de Incendios y Quemas Descontroladas y de Restauración de Ecosistemas afectados por los Incendios Forestales (más de 7 millones de hectáreas de bosques). 7. Medida cautelar ambiental sobre contratos de litio (julio 2025): Se logró la suspensión del tratamiento legislativo de contratos de explotación de litio hasta que se cuente con el estudio de Evaluación Ambiental Estratégica, los estudios hidrogeológicos y los procesos de consulta previa, libre e informada correspondientes. 8. Acción Popular (en curso) que se solicita a las autoridades que cumplan con su deber de proteger estos derechos fundamentales, así como el derecho a la salubridad pública, el acceso a la información ambiental y los derechos de la Madre Tierra. Una estrategia integral en defensa de la Madre Tierra La Defensoría del Pueblo ha consolidado una línea de litigio estratégico que articula el uso de la justicia constitucional, la jurisdicción agroambiental y la protección de defensores y comunidades, para garantizar que el desarrollo económico no se imponga sobre los derechos humanos ni sobre el equilibrio de los ecosistemas.
Como parte de la construcción de una sociedad inclusiva
Piden priorizar tratamiento de norma que reconozca la lengua de señas como idioma oficial del Estado
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nte el tratamiento del proyecto de Ley que busca el reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana como idioma oficial del Estado, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó a la Cámara de Senadores a priorizar su tratamiento y aprobación para que la población sorda pueda ejercer sus derechos de forma plena. En los próximos días, el proyecto será nuevamente puesto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores. “Se recomienda al Estado el reconocimiento de esta lengua como idioma oficial del Estado, porque se constituye en un ideario de un proceso de construcción de una sociedad inclusiva con las personas sordas (…) Exhortamos a la comisión de la Cámara de Senadores que pueda priorizar el tratamiento del Proyecto de Ley N° 064/2024-2025, reconociendo a la Lengua de Señas Boliviana como idioma oficial del Estado para la construcción y fortalecimiento de una sociedad inclusiva”, dijo el Defensor en conferencia de prensa sobre la temática. Hace unos días, en la Sesión Ordinaria N° 172 de la Cámara de Senadores, el Proyecto de Ley N° 064/2024-2025 C.S., denominado ‘Reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como idioma oficial y de derechos lingüísticos de las personas sordas en el Estado Plurinacional de Bolivia’, fue suspendido, situación que dio lugar a la convocatoria de una mesa técnica de trabajo. En ese contexto, el Defensor observó que a pesar de que la norma cuenta con informes favorables de ambas comisiones, hay modificaciones al objeto del proyecto de ley, pretendiendo reducir la LSB a un medio de acceso a la comunicación, desnaturalizando su esencia misma, ya que no es un sistema de decodificación, ni mero lenguaje de signos comunicacionales, sino que, se constituye en una lengua propia y primaria de la comunidad sorda, tiene carácter nacional, cuenta con diccionario, corpus lingüístico, estructura, sintaxis y gramática específicas, y se caracteriza por ser viso-manual-gestual-espacial, por lo que insistió a que sea reconocida como idioma oficial de Bolivia. Al respecto, la presidenta de la Federación Boliviana de Sordos, Carla Rosemary Caussin, remarcó que “el velar por la lengua de señas, es velar por los derechos humanos, lo contrario, es vulnerar los derechos de las personas con discapacidad auditiva en ámbitos como educación, salud, judicial, laboral y en diferentes espacios donde no existe accesibilidad para personas sordas”. A su turno, la presidenta de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de Bolivia, Ana Maria Marconi Ripa, afirmó que si bien se logró avances con el Decreto Supremo N° 0328 “se ha logrado implementar lengua de señas en medios de comunicación y centros de educación, pero falta en otros ámbitos (…) si bien se han abierto espacios para las personas sordas, necesitamos interpretes”, agregó.
ONU destaca independencia y fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo
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l representante de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab ponderó que “en los recientes años la Defensoría del Pueblo se haya fortalecido en términos de sus capacidades técnicas y su independencia, lo que resulta esencial para el ejercicio de su mandato como institución nacional de derechos humanos. La declaración se produjo el 16 de septiembre, tras un diálogo virtual sostenido entre Jarab y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, junto a sus equipos técnicos, donde se abordaron diversos temas relacionados con la situación de los derechos humanos en Bolivia. “Agradezco especialmente el reconocimiento al fortalecimiento institucional que impulsamos con independencia y rigor técnico para responder con mayor eficacia a las demandas de la población boliviana en materia de derechos humanos.”, expresó Callisaya, a través de su cuenta de X. Este encuentro tuvo lugar poco después de que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaran su preocupación por la anulación de los procesos contra militares, policías y otros presuntos responsables de las masacres de Senkata y Sacaba 2019. Al concluir este diálogo, los representantes de la ONU manifestaron nuevamente su solidaridad con las víctimas, remarcando que tienen derecho a justicia sin dilaciones ni revictimización.
Título: Parte dispositiva de la Resolución emitida dentro de la Acción Popular planteada por la Defensoría del Pueblo por los incendios forestales
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Acuerdo de Escazú
Autor: Tribunal Agroambiental
Título: Resultados del verificativo defensorial a hogares de NNA, centros de reposo de PAM y hospitales
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
