Amparo Constitucional interpuesto por la Defensoría del Pueblo garantiza estabilidad laboral de pacientes con cáncer
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nte la denuncia de desvinculación de una madre de tres niños (de 10, 8 y 3 años), diagnosticada con cáncer en el transcurso de su contrato eventual en la Cámara de Senadores, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, activó un Amparo Constitucional orientado a garantizar el cumplimiento La Ley N° 1223 del Cáncer y el Decreto Supremo N° 4881. Producto de esta iniciativa, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, concedió tutela a la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, disponiendo la reincorporación laboral y el pago de salarios devengados de la persona afectada, sentando un precedente en la jurisprudencia en la defensa de los derechos laborales de pacientes oncológicos. “Este es un gran logro que va a beneficiar a todas las personas enfermas con cáncer en su actividad laboral, para que se cumpla la normativa que les da estabilidad laboral, a sola presentación de un certificado médico de un especialista oncológico”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
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allisaya explicó, que cuando se conoció del caso se iniciaron las gestiones defensoriales en la vía persuasiva para restituir a la madre y sus hijos, su derecho a la salud, alimentación, estabilidad laboral y seguridad social; al no tener respuesta favorable, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y a través de la Sala Constitucional Tercera. “La Sala Constitucional concedió tutela y ordenó la inmediata reincorporación de la madre a un cargo similar al que ocupaba antes de la conclusión de su contrato, la reafiliación al Seguro de Salud para que continúe con sus tratamientos, el pago de salarios devengados y la no repetición del caso”, destacó Callisaya. Para la autoridad defensorial este fallo, no sólo restituye el derecho a la salud, también establece un precedente jurídico de reconocimiento y protección a la estabilidad laboral de las personas que padecen cáncer. La Ley N° 1223 del Cáncer y el Decreto Supremo N° 4881. Finalmente, el Defensor del Pueblo, exigió al gobierno atender las múltiples demandas en hospitales del país, “estamos pidiendo el respeto al ser humano, no nos pueden decir que no hay dinero, cuando hay muchos actos de corrupción que afectan la materialización del derecho a la salud con calidad. Debemos preservar el fundamento de los derechos humanos: la vida del ser humano”, apuntó.
Para evitar mayores perjuicios a la población
Justicia emplaza al ministerio de Salud a resolver administración del Banco de Sangre de la ciudad de El Alto
Tras constatar el perjuicio a la población por la interrupción del servicio del Banco de Sangre de la ciudad de El Alto, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió conceder, en parte, la tutela de Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, contra el Ministerio de Salud y Deportes, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GAD La Paz) y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA). La Resolución de la justicia dispone que, en diez días hábiles el Ministerio de Salud y Deportes debe convocar al GAD La Paz, SEDES La Paz y el GAMEA para que de manera conjunta arriben a un convenio definitivo sino provisional, en el plazo de dos meses, sobre la Administración del Banco de Sangre, en el marco de la Resolución ministerial 527/2021. “El Tribunal ha impuesto al Ministerio de Salud la obligación de convocar al GAD La Paz, al Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y el SEDES La Paz a una reunión conjunta en el plazo de diez días a efecto de abordar una solución de carácter definitivo al problema que viene atravesando el Banco de Sangre de la ciudad de El Alto”, señaló el jefe de Unidad de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier.
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urante esta gestión, a través de verificativos, la Defensoría del Pueblo evidenció que a causa de las lluvias se habían presentado daños en la infraestructura y equipos de laboratorio; ante esto, llevó adelante una reunión interinstitucional con las autoridades involucradas y emitió un Pronunciamiento, sin embargo, al no tener una respuesta efectiva por parte del ministerio de Salud, la gobernación de La Paz y la alcaldía del El Alto, planteó la Acción Popular como una alternativa para dar solución a los problemas administrativos, de infraestructura y recursos humanos que afectaron el funcionamiento del Banco de Sangre. “A partir de esta Acción (Popular), se subsana y damos un paso muy importante para que la población de El Alto se sienta segura de que está siendo atendida y que en dos meses tendremos resultados efectivos”, puntualizó el Coordinador Regional de El Alto, Fernando Claros. Con la tutela en parte a esta Acción Popular, la Defensoría del Pueblo resguarda el funcionamiento del Banco de Sangre de la ciudad de El Alto y materializa los derechos a la vida y salud de los pacientes y la ciudadanía que acude a ese servicio.
La crisis afecta a cuatro principales derechos, alerta la Defensoría del Pueblo
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l Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó que al menos cuatro principales derechos humanos y fundamentales del pueblo boliviano como salud, alimentación, medio ambiente y la libre transitabilidad son afectados por la crisis que atraviesa el país. En lo referente al derecho a la salud, a través de verificativos entre 2024 y mayo del 2025 se constató que el 60% de las farmacias de hospitales verificados no contaba con medicamentos de alta rotación; el 48% de pacientes indicó no haber recibido todos los medicamentos recetados. Otro verificativo realizado en mayo 2025, develó que la crisis afectó a la administración y recursos de los nosocomios ocasionando que en La Paz (Hospital del Niño y Hospital de Clínicas), en Cochabamba (Hospital del Niño, Hospital Municipal de Vinto, Hospital Viedma y Centros de Salud – Cercado) se dé una carencia de medicamentos, y en otros casos se suspendan cirugías por falta de máquinas; en El Alto, el Banco de Sangre opera a un 15% de su capacidad. Sobre el derecho a la alimentación, la institución defensorial presentó reportes sobre el impacto de la crisis en la canasta familiar. En enero de 2025, se evidenció el incremento de precios de la cebolla, zanahoria, carne de res en diez ciudades capitales del país. El sondeo nacional develó que, entre marzo y abril, 12 productos de 21 observados, como azúcar granulada, harina de trigo, arroz de primera /grano de oro, aceite comestible a granel, seguido del kilo de carne de res, incrementaron su costo. Asimismo, verificativos defensoriales a sucursales de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto constataron escasez de harina, arroz, fideo y aceite. La escasez de combustible por el incremento del precio del dólar, derivó en interminables filas de motorizados, públicos y particulares en surtidores de las ciudades, como en fronteras. También ocasionó paros del transporte departamental y urbano, afectando la libre transitabilidad de la ciudadanía, así como la asistencia de ciudadanos a sus fuentes laborales y de estudiantes a sus centros de formación.
Ante protesta de pacientes renales
Defensoría del Pueblo realizó verificativos en centros de hemodiálisis de Santa Cruz
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nte una posible suspensión del servicio de hemodiálisis en los centros que tienen convenio con el Ministerio de Salud y Deporte, y la consecuente protesta de familiares, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz realizó verificativos a estos centros, constatando que el servicio no fue suspendido; sin embargo, se informó de una demora en los pagos que, en algunos casos, datan desde diciembre de 2024. “En los verificativos a los diferentes centros que tienen convenio con el Ministerio de Salud y Deporte para dar atención a los pacientes renales, a través del ‘Programa Nacional de Salud Renal’, hemos evidenciado la atención normal en los mismos; sin embargo, alertaron de una demora en los pagos de servicio de parte del ente estatal, situación que podría generar un conflicto a futuro, debido al incremento de precios de los insumos y, en consecuencia, una interrupción en la atención adecuada”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz, Sheila Gómez Santivañez. Los verificativos se realizaron en la Clínica RIVIUT, Nefrodialisis y al Centro de Nefrología y Diálisis, donde personal de la Delegación Defensorial entrevistó a familiares de pacientes renales y administradores de los centros, quienes refirieron que los equipos de hemodiálisis se encuentran funcionando con regularidad; asimismo, cuentan con los equipos multidisciplinarios conformados por médicos nefrólogos, transplantólogos, nutricionistas, médicos generales, personal de apoyo, licenciadas y auxiliares en enfermería, bioquímicos, visitadoras sociales, psicólogas y personal de limpieza, conforme al convenio con el ministerio de Salud. También informaron que cuentan con los medicamentos e insumos necesarios para la atención de los pacientes Posteriormente, se tomó contacto con familiares de los pacientes, quienes manifestaron su conformidad con la atención brindada en los centros de hemodiálisis, no teniendo ninguna observación al respecto; sin embargo, se mostraron susceptibles debido a una posible suspensión del servicio. De la misma manera, servidores defensoriales tomaron contacto con los dirigentes de esta población a quienes se les comunicó las acciones que se están desarrollando desde la Defensoría del Pueblo y se les recomendó que ante cualquier medida que asuman no pongan en riesgo su salud y vida.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas capacitó a servidores defensoriales en ‘monitoreo de derechos humanos en el marco de estándares internacionales’
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on la participación de los delegados defensoriales departamentales, coordinadores regionales y personal de la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH), con el apoyo de ONU MUJERES, realizó, durante cuatro días, el taller de “Fortalecimiento de las capacidades de la Defensoría del Pueblo en la Metodología de Monitoreo de Derechos Humanos en el Marco de los Estándares internacionales”. “El compromiso nuestro es el de aplicar todo lo que hemos compartido durante estas jornadas; tenemos ya las ideas y vamos a mejorar varios procesos que tenemos, en la lógica de lo que se ha construido”, destacó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la clausura del Taller. Para el Defensor del Pueblo, “la promoción, protección y respeto de los derechos humanos no puede realizarse de manera aislada, el trabajo conjunto es importante. El convenio que tenemos con ONU Mujeres, ACNUDH, nos permite desarrollar acciones de impacto en formación, fortalecimiento institucional como este Taller”, remarcó. Callisaya remarcó la importancia de monitorear la conflictividad o vulneraciones de derechos humanos, pues la institución se ha constituido “en una fuente importante de generación de evidencia de situaciones vulneratorias; esto, por el equilibrio y la sobriedad con la que se maneja institucionalmente estos temas”. Por su parte, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, remarcó la importancia de la capacitación constante y permanente en derechos humanos, “estamos en una coyuntura que los derechos humanos están siendo puestos en cuestionamiento, los derechos humanos son una convención, un acuerdo internacional donde los países se han puesto de acuerdo en un marco mínimo de DD.HH., (…) de esto no podemos bajarnos de ninguna manera”, señaló Pesántez.
Título: Prisión preventiva y derechos humanos: estudio de caso en cárceles de La Paz
Autor: Fundación Construir
Título: Protocolo para la gestión integral del agua basado en el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
Título: Manual de Actuación para Defensoras y Defensores Estudiantiles
Autor: Defensoría del Pueblo de Bolivia
